En lo que va de este sexenio, se han encontrado en 22 estados, 647 cadáveres en 156 fosas clandestinas. La mayor parte de estos cadáveres pertenecieron a inmigrantes centroamericanos. Si estuviéramos en guerra con todo Centroamérica, esa cifra de muertos sería alta. Quizá, como ocurre con los muertos en territorio extranjero, estarían provocando sentimientos de venganza en el país de origen de esos muertos, en contra de quienes los causaron. No hay evidencias de sentimientos de venganza por esas muertes en sus países de origen, pero sí hay evidencias de que ocurrieron en México. También las hay de que esas muertes fueron causadas por manos criminales y de que esos muertos lo fueron como víctimas de violaciones a sus derechos humanos perpetradas no sólo por organizaciones de criminales sino por policías y otros agentes con la representación del Estado mexicano, según lo han documentado fehacientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en dos informes de investigación.

El primero, dirigido al Senado de la República en 2009 y el más reciente, dado a conocer el mes pasado por su titular. En ambos informes se documenta la participación de agentes policiales en quienes el Estado mexicano había delegado la facultad de usar la fuerza para hacer cumplir la ley. En lugar de hacerlo para este objetivo, esos informes de la CNDH documentan una práctica de uso de la fuerza policial para victimar a migrantes extranjeros en nuestro país. Lo más asombroso para mí es el bajísimo nivel de conciencia de la sociedad civil y de su representación en los poderes de la República respecto de la trascendencia de esas muertes. Cierto que este pasado lunes se inició una manifestación de "Resurrección" lidereada por el padre Solalinde y respaldada por organizaciones de católicos que demandan la producción de la prometida Ley de Migración con un "plantón" permanente en los terrenos del Congreso de la Unión.

Sin soslayar la importancia de esta manifestación, la ausencia de reconocimientos de responsabilidad o de la gravedad de las muertes de las que seguimos enterándonos sin que haya habido una respuesta del gobierno de México que corresponda al nivel interno e internacional de una práctica de violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en México, lo menos que podemos hacer como ciudadanos es dejar testimonio de nuestra repulsa a la impunidad y a la falta de vergüenza y dignidad de nuestros gobernantes quienes han demostrado una incapacidad flagrante para detener la cadena de hallazgos macabros de cadáveres de migrantes que van en aumento: en 2007 se registraron nueve fosas con 32 cadáveres en total; en 2010 se reportaron 46 tumbas con 249 cuerpos y en lo que va de 2011 ya se han contabilizado 49 fosas clandestinas con 227 restos humanos.

Los últimos hallazgos se registraron, otra vez, en San Fernando, Tamaulipas, donde 145 cadáveres han sido exhumados en una veintena de fosas desde el 6 de abril. Yo me pregunto si la orden de arraigo decretada por un juez federal la semana pasada, en contra de 16 policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, por haberles encontrado que daban protección al grupo criminal de "Los Zetas" que perpetró la masacre en ese municipio el pasado mes de agosto, según declaraciones de Marisela Morales, titular de la PGR, no son suficientes para que se retracte el secretario de Gobernación de su declaración publicada en el diario Milenio del 11 de noviembre de 2010, http://www.milenio.com/node/575895, diciendo que los únicos responsables de la violencia en contra de los migrantes centroamericanos son los del crimen organizado.

Con esta exculpación de los policías y agentes del gobierno en la perpetración de las muertes, secuestros y demás violaciones de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en México está, el secretario Blake, negando la "responsabilidad de Estado" que corresponde a los abusos y crímenes cometidos por agentes del gobierno de México, como lo ha documentado la CNDH. La retractación de tal declaración de parte del secretario Blake correspondería a hacerlo de una injustificada exculpación de lo que en derecho internacional se entiende por el concepto de "responsabilidad de Estado". Esta retractación es indispensable para hacer cumplir al gobierno de México con la "reparación del daño" que es consecuencia directa de la "responsabilidad de Estado". La otra opción de igual significado pero de mayor dignidad, sería su renuncia.