El gobierno del presidente Donald Trumpestá rechazando las solicitudes de residencia de algunos jóvenes inmigrantes que huyen de la violencia intrafamiliar, argumentando que exceden la edad límite autorizada.
Un programa federal establecido en 1990 permite que jóvenes inmigrantes que han sido víctimas de abusos, abandono o negligencia de parte de uno de sus padres soliciten un tutor asignado por la corte y la residencia permanente en Estados Unidos.
Si bien los solicitantes deben presentar su petición antes de cumplir los 21 años, el gobierno de Trump ha dicho que algunos de ellos ya exceden la edad límite después de que cumplieron 18 años, provocando un alud de solicitudes rechazadas el año pasado en Nueva York, Texas y California, y de preguntas adicionales a los solicitantes en Nueva Jersey.
Algunos activistas en pro de los inmigrantes han entablado demandas en Nueva York y California, alegando que cientos de jóvenes podrían verse afectados negativamente por el cambio.
«Este gobierno está arremetiendo literalmente contra algunas de las personas más vulnerables que están buscando ayuda», dijo Mary Tanagho Ross, abogada de apelaciones de Public Counsel, una organización defensora de los derechos de los inmigrantes con sede en Los Ángeles.
El gobierno de Trump ha estado tratando de endurecer la frontera con México y reducir la inmigración mediante una serie de medidas enfocadas en los menores de edad centroamericanos que llegan al país solos o con familiares. El exsecretario de Justicia Jeff Sessions trató de hacer que a los jóvenes inmigrantes que escapan de la violencia les sea más difícil obtener asilo, aunque un juez federal bloqueó algunas directrices que él emitió hace poco sobre estos casos.
Adicionalmente, el gobierno federal se ha estado demorando más en entregar a los niños migrantes detenidos en la frontera a sus familiares en Estados Unidos.
El programa es la mejor opción para muchos de los miles de jóvenes migrantes que llegan a la frontera para quedarse en el país. Según las leyes locales, pueden solicitar la residencia permanente una vez que una corte designada en el estado estadounidense donde viven les asigne un tutor y declare que cubren los criterios para solicitar los beneficios del programa.
Una joven de 22 años del norte de California, que pidió guardar el anonimato por temor a que el gobierno federal tome represalias en su contra, abandonó la casa de sus padres inmigrantes mexicanos cuando cursaba la secundaria después que su padre la golpeó repetidas veces.
Se hospedó en casa de una maestra, quien la ayudó a ir a la universidad y la cuidó después de que le diagnosticaron cáncer. Cuando un juez nombró formalmente a su maestra como su tutora legal fue un gran alivio, señaló, pero posteriormente se enteró que el gobierno federal no aceptaría la orden judicial que le permitía solicitar la residencia permanente. Estalló en llanto, recordó.
«No podía creer que iba a tener que tratar de defenderme de nuevo», dijo. “No me dirijo a ella por su nombre ni digo que es mi tutora, simplemente le llamo mamá”.
Más de 50.000 jóvenes inmigrantes han obtenido la residencia permanente mediante el programa de estatus juvenil especial desde 2010. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) ha aprobado la gran mayoría de las solicitudes, por lo que el programa ofrece más posibilidades de éxito para muchos menores inmigrantes que buscan refugio en Estados Unidos, en comparación con las solicitudes de asilo ante un funcionario de inmigración o un juez.
Las inscripciones al programa han aumentado en los últimos años, elevándose más del triple del año fiscal 2014 al de 2017, según muestran datos federales. Durante ese tiempo, el número de rechazos también se incrementó, con 2.000 solicitudes negadas en los últimos dos años fiscales, más que los siete años previos juntos.
El gobierno federal comenzó a revisar las solicitudes en una ubicación centralizada a fines de 2016 para mejorar el proceso. Al año siguiente, el USCIS pidió orientación legal a su Oficina del Asesor Jurídico para casos de niños inmigrantes que cumplieron 18 años antes de haber reunido los papeles que tienen que presentar, y determinó que una orden de un tribunal estatal es válida solamente si dicha corte tiene la autoridad para reunir a los niños con sus padres, algo de lo que muchas carecen, según funcionarios de la agencia.
Como resultado, 260 casos fueron rechazados, señalaron, y añadieron que la agencia quizá haya aprobado previamente algunos casos que no debió autorizar.
Funcionarios del USCIS dijeron que no podían comentar en torno a un litigio pendiente, pero indicaron que la agencia “sigue asegurándose de que los niños que han sido víctimas de abusos, abandono o negligencia reciban las prestaciones humanitarias para las que cumplen los requisitos”.
