La administración del presidente estadunidense Donald Trump evade más de 30 normas ambientales para acelerar la construcción de un tramo de 32 kilómetros de barreras en la frontera con México, en un área del estado de Nuevo México al oeste de El Paso, Texas.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) publicó la víspera un aviso en el diario oficial del gobierno de Estados Unidos para informar que la suspensión de las leyes ambientales era necesaria para garantizar la “construcción expedita de barreras” cerca del Puerto de Entrada Terrestre de Santa Teresa, Nuevo México.
“El secretario de Seguridad Interna ha determinado, de conformidad con la ley, que es necesario suspender ciertas leyes, reglamentos y otros requisitos legales para garantizar la construcción expedita de barreras y carreteras en las inmediaciones de la frontera terrestre internacional de Estados Unidos”, indicó.
Entre las normas y regulaciones suspendidas están la Ley de Política Ambiental Nacional, la de Especies en Peligro, la de Control de Contaminación del Agua, la legislación nacional de Preservación Histórica, la de Aire Limpio, la de Protección de Recursos Arqueológicos, la de Agua Potable Segura y la de Control del Ruido.
La dispensa de estas leyes permitiría a la administración Trump comenzar a reemplazar las barreras vehiculares por vallas conformadas por postes metálicos a lo largo de 32 kilómetros de frontera.
“El sector El Paso de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos es un área de alta entrada ilegal”, por lo que “existe una necesidad inmediata de construir barreras fronterizas y caminos”, de acuerdo con el aviso del DHS.
El Centro para la Diversidad Biológica, el primer grupo en demandar a la administración Trump por el muro el año pasado, dijo que está considerando presentar una nueva querella para tratar de frenar la exención de las normas ambientales.
“La administración Trump no se detiene ante nada para atravesar este muro fronterizo destructivo”, sostuvo en un comunicado Brian Segee, abogado principal del Centro para la Diversidad Biológica.
“El muro divisorio de Trump es un desastre humanitario y ambiental, y no hará nada para detener el tráfico ilícito de drogas o humanos”, añadió Segee.
El año pasado, el Centro para la Diversidad Biológica presentó una demanda para impugnar el uso de la exención de leyes por parte de la administración Trump para construir muros de reemplazo al sur de San Diego.
La demanda establece que la autoridad de exención expiró hace años, que es una delegación inconstitucional de poder para el Departamento de Seguridad Interna y que el muro viola la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
Una audiencia sobre ese caso está programada para el 9 de febrero próximo en la Corte Federal de San Diego, California.
