A lo largo de las últimas décadas, transitando los caminos más diversos, muchos niños llegaron con sus familias a Estados Unidos y se terminaron quedando en el país, no siempre con permisos de residencia en regla. “Soñadores”, es el nombre que se les ha dado. Diego Corzo es uno de ellos: el peruano de 28 años de edad voló de Lima a Miami cuando tenía nueve, de la mano de sus padres y de su hermano menor, buscando un futuro más próspero. Cuando sus visas de entrada caducaron, el cuarteto decidió quedarse en Florida. “Mi hermano y yo fuimos a la escuela. Mis padres consiguieron los empleos que nunca encontraron en Perú. Juntos construimos una vida en Estados Unidos”, cuenta Corzo, quien administra su propia empresa y se dedica a la venta de bienes inmuebles tras haberse lucido como estudiante de Tecnología de la Información y Gerencia.
El “soñador” Diego Corzo, frente a una de sus propiedades.
Trump versus los “dreamers”
Sus logros podrían esfumarse de la noche a la mañana si el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, pone fin al programa estatal Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en el marco de su política migratoria de “mano dura”. Quienes comparten la perspectiva de Trump alegan que los “soñadores” abusan de los ciudadanos estadounidenses, viviendo de sus impuestos y robándoles los puestos de trabajo; y es que el DACA no sólo legaliza su permanencia en territorio estadounidense, sino que los dota con permisos laborales. Pero otras fuentes refutan ese argumento. “Estos jóvenes le hacen grandes aportes a nuestro país”, dice Peter Boogaard, quien estuvo a las órdenes del presidente Barack Obama (2009-2017) y ahora es miembro de la organización FWD.us, que hace campaña en Washington para que el programa DACA no sea desmantelado.
El laboratorio de ideas Instituto CATO, con sede en la capital estadounidense, secunda a Boogaard con sus estimaciones: entre 2019 y 2028, los “soñadores” van a inyectarle unos 351.000 millones de dólares a la economía local y a pagar 93.000 millones de dólares en impuestos, auguran sus investigadores. “Yo soy dueño de varias casas. Otros como yo alquilan y compran casas. Nosotros pagamos nuestros impuestos”, subraya Corzo, asegurando que sus pagos al fisco ascendieron a 33.000 dólares el año pasado. El DACA también le ha dado un espaldarazo a los “soñadores” que han preferido trabajar a destajo y sin ataduras con miras a evitar complicaciones, aun cuando en Estados Unidos nunca fue obligatorio mostrar el permiso de residencia para optar por un empleo. La medida decretada por Obama en 2012 les ha dado un mayor grado de independencia.
El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017).
El legado de Obama
Encuestas revelan que el salario por hora de jóvenes como Corzo aumentó en un 84 por ciento tras la aprobación del programa DACA. Cinco por ciento de los beneficiarios de esa acción fundaron sus propias compañías; en ese sentido, los “soñadores” están por encima del promedio nacional, que es del 3,1 por ciento. Para algunas de las instancias que estudian este fenómeno, la ambición constructiva es uno de los rasgos más comunes de este sector de la población estadounidense. Un sondeo del Center for American Progress apunta a que la mayoría de los adultos mayores de 25 años protegidos por el DACA tienen al menos una licenciatura en su haber. Más de la mitad de todos los “soñadores” consultados dijeron querer ir a la universidad.
Es quizás por eso que Apple, Amazon, General Motors y otras quince de las veinticinco compañías más sólidas económicamente de Estados Unidos siguen contratando a “soñadores”, pese a la amenaza de Trump de repatriarlos en el futuro cercano. En el otoño de 2017, su Ejecutivo se negó a prolongar el decreto de Obama que le dio vida al DACA, pero dos tribunales le ofrecieron resistencia: uno sentenció que quienes ya se habían adherido al programa seguirían estando protegidos por él y otro se pronunció a favor de que las nuevas afiliaciones al DACA continuaran siendo posibles. Trump está empeñado en tener la última palabra al respecto y hay cortes que lo apoyan; una del estado de Texas ha puesto en duda la facultad de Obama para decretar el DACA cuando lo hizo. Esto sume a alrededor de 700.000 personas en una incertidumbre tortuosa.
