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Jorge Castañeda Gutman

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Jorge Castañeda Gutman es un político y académico mexicano que se desempeñó como Secretario de Relaciones Exteriores. También es autor de más de una docena de libros, incluida una biografía de Che Guevara, y contribuye regularmente a periódicos como Reforma, El País, Los Angeles Times y la revista Newsweek.

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Ajuste de cuentas con la historia

Crecen día tras día las protestas en Estados Unidos en torno a monumentos, estatuas, edificios, retratos e instituciones que festejan u honran a personajes que encarnaron algunas de las peores causas de la historia del país. El 20 de junio le tocó a la efigie de Andrew Jackson frente a la Casa Blanca, el séptimo presidente del país y héroe de la guerra de 1812 contra los ingleses. Sin embargo, también fue el mandatario que deshonró los tratados firmados por Estados Unidos con las naciones Cherokee, desterrando a unos 17.000 de sus miembros a lo que hoy es Oklahoma en una trágica marcha genocida, conocida como el Sendero de las Lágrimas, en la que miles perecieron.

Hasta ahora, con algunas excepciones, el proceso de ajuste de cuentas con la historia ha involucrado, principalmente, a figuras asociadas con la esclavitud o el racismo dirigido contra la población de raza negra. Han surgido algunos casos aislados que involucran a la población hispana: un par de esculturas del padre Junípero Serra en California, y del conquistador español Juan de Oñate, en Nuevo México. Ambos son rechazados por grupos indígenas, el primero por protagonizar una violenta época de canonización en las misiones que fundó y el segundo ha sido acusado de genocidio.

Hasta aquí, esta forma de acercarse a la historia, en un país en buena medida carente de un sentido de la historia -según observadores extranjeros desde principios del siglo XIX- no ha sido abrazada por demasiadas personas de a pie, pensadores, estudiantes latinos en Estados Unidos o en América Latina. Pero el dilema no es nuevo en México, Perú u otros países de la región.

Hace casi un año y medio, el entonces nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dirigió una carta al rey de España, exigiendo que pidiera perdón por los estragos de la Conquista. En México, apuntan varios académicos, no hay ninguna estatua que recuerde a Hernán Cortés; acaso una calle, el Mar de Cortés en Baja California, el Paso de Cortés entre los dos volcanes, y el Palacio de Cortés en Cuernavaca. No habrá más. En Lima, sí hay una estatua de Francisco Pizarro, el conquistador, pero el tema no ha provocado mayor discusión por ahora.

No obstante, es probable que el movimiento contra los símbolos de la esclavitud y el racismo hacia los estadounidenses de raza negra se extienda pronto a los hispanos de distinta ascendencia. Asimismo, puede centrarse en figuras más recientes que las de Sierra u Oñate, ya que no faltan símbolos más o menos pertinentes y conocidos de agravios reales, o vistos como tales por la población latina en Estados Unidos. Se puede extender a Theodore Roosevelt, quien participó en la guerra contra España, la cual convirtió a las colonias españolas de Cuba y Puerto Rico en virtuales colonias estadounidenses. Puede dirigirse a los “héroes” de El Álamo, o a los que conquistaron México: Winfield Scott, James Polk, o los pobladores texanos como Stephen Austin o Sam Houston. Y si los estudiantes latinos de California se ponen a escudriñar la historia de las razias anti-chicanas y anti-pachucos de los años 20, 30 y 40, o las deportaciones masivas de mexicanoestadounidenses después de la Primera Guerra Mundial, o en la Operación Espalda Mojada a principios de los años 50, no faltarán personalidades cuyos nombres estén inscritos en monumentos o instituciones que sean objeto de rechazos enardecidos.

¿Es esta la mejor manera de asimilar la historia? ¿Se trata de un camino adecuado para que estadounidenses de todas las clases y etnias comprendan que la historia sí importa? Probablemente no, pero como sostengo en mi nuevo libro, “America Through Foreign Eyes”, es la opción que hay, y es mejor que nada. El hecho de que en este país se discutan, o incluso se confronten, por temas históricos -la exterminación de los pueblos originarios, la esclavitud, las leyes Jim Crow en el sur, el racismo virulento y duradero contra personas de origen chino o mexicano- constituye un avance enorme para el país. Que en cada caso, los partidarios de la revisión histórica tengan razón, es improbable. Pero el debate y la aproximación a la historia importan mucho más que cada detalle, que cada monumento, que cada personaje impresentable.

Joe Biden Y Su Fórmula Para Ganar La Presidencia

Aunque lógicamente la pandemia y sus estragos ha opacado la campaña presidencial en Estados Unidos, eso no significa que los plazos se alarguen, ni que nada sucede. Más aún, mucho ha pasado en estas últimas semanas, que nos permite vaticinar algunos de los rasgos distintivos de la campaña, de la elección de noviembre y de lo que venga después.

Ya contamos con varias certezas.

Sabemos que el exvicepresidente Joe Biden será el candidato del Partido Demócrata, a menos que suceda algo imprevisto de alguna naturaleza, como la médica. Sabemos que los demás aspirantes demócratas se han unido en torno a Biden, y que incluso Bernie Sanders y sus numerosos seguidores lo están apoyando. Sabemos que Biden escogerá a una mujer como mancuerna o acompañante para vicepresidenta, lo cual sin duda lo fortalecerá en el segmento de votantes mujeres de los suburbios estadounidenses. Y sabemos -ahora lo veremos con algún detalle- que Biden incluirá en su programa muchas de las medidas progresistas o de izquierda propuestas por sus rivales, en particular por los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Esto, en cuanto a Biden y los demócratas se refiere.

Del lado de Donald Trump, sabemos que será el candidato del Partido Republicano. También sabemos que esta vez será más difícil que en 2016 que surja un tercer o cuarto candidato (hace cuatro años fueron dos) que le reste votos a Biden como se los restaron a Hillary Clinton. Sabemos que en estados clave como Arizona, Florida, Michigan, Pensilvania y Wisconsin -donde se juega la elección- Trump se encuentra empatado o por debajo de Biden en las encuestas, por ahora.

Sabemos, por último, que su gestión de la crisis del coronavirus no ha sido bien vista por muchos estadounidenses, sobre en todo en materia de credibilidad y constancia. Ahora bien, también podemos especular, con algún grado de certeza, que la crisis económica provocada por el covid-19 perjudicará las perspectivas reeleccionistas de Trump y favorecerá a Biden.

Por dos razones. En primer lugar, el presidente en funciones pensaba afincar toda su campaña en el supuesto éxito económico de su primer mandato y en la movilización de su base a través de su retórica antimigrante, a favor de la posesión de armas y antiaborto. El primer pilar de esta estrategia ya se esfumó. Se puede discutir cuando comenzará la recuperación de la economía estadounidense, pero parece poco probable que en materia de desempleo e ingresos -y no solo el índice Dow Jones en la Bolsa de Nueva York- se encuentre en niveles de aplauso para noviembre. De los casi 30 millones de estadounidenses que habrán perdido su empleo en estos meses ¿Cuántos lo habrán recuperado para las elecciones?

La segunda razón reside en la pandemia misma. Millones de estadounidenses deben haberse percatado durante estos meses de que su sistema de salud, y de bienestar en general, es inadecuado. No había equipo para realizar pruebas, para cuidar a los trabajadores del sector salud, para tratar a los pacientes graves (respiradores), para atender de manera equitativa a la gente de raza negra. Vieron como la respuesta del gobierno federal y de muchos estados (California y Washington son excepciones) fue muy inferior a la de países europeos como Alemania, o de asiáticos como Corea del Sur o Japón.

No quieren que esto se repita. Al mismo tiempo, captan que el problema rebasa la crisis actual y el sistema de salud.

Se trata -nada más y nada menos- que de reconstruir un estado de bienestar estadounidense. Y Biden, en parte por convicción, en parte por la necesidad de aglutinar al ala izquierda o progresista del Partido Demócrata, ha adoptado muchas de las tesis que van en ese sentido.

Enumero algunas: el salario mínimo federal a US$ 15 la hora; prohibición -con sanciones por incumplimiento- de los despidos por tratar de organizar un sindicato; impedir que empresas como Uber clasifiquen a sus empleados como contratistas independientes y no como trabajadores; educación superior pública gratuita para familias que ganan menos de US$ 125.000 al año; un plan para combatir el cambio climático mucho más ambicioso que el de Obama; y un sistema de salud universal que también va más allá que el Obamacare, aunque no llega al Medicare for All de Sanders y Warren.

Podríamos agregar varias medidas más, incluyendo los instrumentos de financiamiento de las ya mencionadas.

Si Biden gana, podrá no cumplir porque no quiere, o porque no puede. Pero la suma de los factores que conducen a Estados Unidos a reevaluar su red de protección social, su fiscalidad y su actitud ante el cambio climático es cada día más poderosa. Eso también lo sabemos.

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¿Ya No Somos Como Los Centroamericanos?

Una de las premisas implícitas en la atroz conducta del gobierno de López Obrador con los centroamericanos en la frontera sur (y norte) consiste en sostener que ahora sí podemos maltratar a los migrantes que desean entrar sin papeles a México, porque nosotros ya no somos un país emisor. Los tontos útiles de buena fe (y desde luego para los de mala fe) recurren con frecuencia a la tesis del net zero para adoptar esta posición infame, que permite golpear a mujeres y niños. También les autoriza a repetir incansablemente la idiotez según la cual los hondureños deben respetar las leyes mexicanas, como si millones de mexicanos a lo largo del último siglo hubieran respetado las leyes norteamericanas.

La tesis de la migración neta nula o negativa nació hace unos cinco o seis años en Estados Unidos, ante la supuesta evidencia que las cifras de indocumentados en ese país permanecía estable, o incluso decrecía ligeramente a partir de 2010. Algunos estudiosos estadunidenses la hicieron suya por motivos políticos: parecía más fácil ser partidario de una gran reforma migratoria integral si se argumentaba que ya empezaba a desaparecer el problema: más mexicanos salían de Estados Unidos que aquellos que entraban.

La tesis hacía caso omiso de varios hechos. En primer lugar, las deportaciones masivas de Obama, sobre todo entre 2010 y 2014, con un pico en 2011. Solo un ignorante o un malvado puede considerar que dichas deportaciones constituyen retornos “normales”. Asimismo, cualquier partidario de la tesis citada tendría que explicar porque las remesas han seguido creciendo, alcanzando niveles nunca vistos en 2019. ¿Cómo es que menos mexicanos mandan más dinero? ¿Ganan más? ¿Mandan más? ¿Son envíos del narco? All of the above?

Sobre todo, dicha tesis pasa por alto un dato fundamental de la migración mexicana hacia Estados Unidos del último decenio: el aumento considerable del flujo legal, temporal y circular. Obama comenzó a poner en práctica diversos reglamentos y decretos que permitían darle la vuelta a las restricciones del Congreso para las visas H2A (para trabajo agrícola) y en menor medida H2B (construcción, industria hospitalaria, salud, etc.). Trump siguió con la misma política.

En  el ejercicio 2019 (octubre a septiembre) Washington otorgó 260,000 visas H2, un aumento de 13% frente al año anterior; los incrementos en los dos años previos fueron ligeramente superiores. Si sumamos a estos (los más) algunos otras categoría (reunificación familiar permanente, visas H1, E1) son casi 300,000 mexicanos que parten a Estados Unidos cada año. Los H2 van y vienen; son en muchos casos los mismos. Muchos permanecen en Estados Unidos cuando expiran sus permisos. Si por lo menos 100,000 mexicanos al año parten al norte sin papeles —quizás un poco más— encontramos que entre 400,000 y 500,000 compatriotas se desplazan anualmente. ¿Ya no somos un país de emigración? ¿En serio?

Algunos alegarán que justamente estos mexicanos con visas “H” a los que me refiero, son “legales”. Pero lo son, en todo caso, como resultado de décadas de lucha, de opresión, de denuncias desde México y en Estados Unidos, por su maltrato, su deportación, su encarcelamiento. Además, su situación “legal” no obsta para que sean objeto de discriminación, explotación, estafas, extorsiones y demás.

¿A quién demonios se le ocurre pensar que podemos tratar como la guardia nacional ha tratado a los centroamericanos estos últimos días y meses, y al mismo tiempo seguir defendiendo con un mínimo de autoridad moral a los mexicanos en Estados Unidos con papeles o sin ellos? A menos, desde luego, que consideremos que los que se han ido son traidores y que debieran haberse quedado en México. Porque como dice López Obrador, como México no hay dos.

Latinoamérica Reclama Igualdad y Democracia

La crisis económica y el estancamiento han provocado una ola de protestas ciudadanas y una demanda de más transparencia y un estado de bienestar eficiente en toda la región.

Uno de los carteles de los más de un millón de manifestantes chilenos que marcharon el 25 de octubre decía: “El neoliberalismo nació en Chile y se está muriendo en Chile”.

Uno pensaría que el obituario es cierto, a juzgar no solo por las protestas que se han visto en Chile y en Ecuador desde hace unas semanas, sino también por los resultados electorales en Argentina, Bolivia y México. No es así, pero sí señala algo real: un nuevo vuelco a la izquierda en América Latina.

En los últimos cinco años, las elecciones en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, El Salvador y Perú han llevado al poder a partidos o líderes conservadores y neoliberales, que abogan por el libre mercado y el libre comercio. La “marea rosada”, que llevó democráticamente a líderes de izquierda a la presidencia al comienzo del siglo XXI, está retrocediendo, con frecuencia sumida en la vergüenza. Un expresidente brasileño fue encarcelado y otra fue destituida. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue acusada de los delitos de fraude y corrupción. Los últimos seis presidentes de Perú están ya sea en la cárcel, bajo investigación por corrupción o muertos a causa del suicidio.

El líder socialista Evo Morales anunció el mes pasado que había ganado la reelección en Bolivia y tendría un cuarto mandato, como consecuencia de una manipulación electoral y una violación a la constitución que él mismo redactó y había ratificado mediante un referéndum. Sin embargo, las sucesivas manifestaciones que reclamaban un fraude electoral, una auditoría internacional de las elecciones que concluyó que los comisionas no habían sido democráticos y el llamado del ejército para que el presidente boliviano renunciara, lo obligaron a dejar el cargo.

El fin del auge de las materias primas, la corrupción y el cansancio sacaron a la izquierda del poder y los llamados neoliberales aparecieron para llenar el vacío. A excepción de Venezuela, México y, hasta ayer, Bolivia, habían estado dominando los seguidores del Consenso de Washington, un conjunto de recomendaciones de políticas económicas respaldadas por Estados Unidos para los países desarrollados, en especial en América Latina.

Pero hoy, ellos están siendo desplazados, ya sea mediante elecciones o presión de protestas callejeras masivas. Parece que viene un nuevo cambio. Sin embargo, aunque hay diferencias significativas en Latinoamérica entre la izquierda y la derecha, o entre el neoliberalismo y la democracia social, el margen para el cambio económico es mucho más estrecho de lo que creen sus proponentes de cada lado y, lo que es más importante, es mucho menor de lo que los latinoamericanos esperan.

La izquierda ha gobernado Chile durante 24 de los últimos 29 años. Las políticas que se rechazan actualmente, mediante reclamos de menos desigualdad y un sistema político más sensible, son en su mayoría las que ha implementado Concertación, la coalición de centroizquierda chilena. Chile es la gran historia de éxito de Latinoamérica, incluso si sus ciudadanos no creen este discurso o lo rechazan rotundamente. Es cierto, Sebastián Piñera, el presidente de centroderecha, no es nada popular, pero la oposición, los partidos de centroizquierda, son igual de impopulares.

Ardor Por Evo

La 4T esta ardida. Sabe, a pesar de sus cortinas de humo, sus mentiras y sus faramallas, que la caída de Evo Morales en Bolivia constituye un serio revés para el proyecto de López Obrador en México. Sobre todo, la 4T sabe realmente cuales han sido las condiciones de esa caída, independientemente de lo que inventen sus funcionarios y sus voceros.

En primer lugar, más allá del papel exacto de las fuerzas armadas bolivianas en la salida de Evo Morales, el gobierno mexicano sabe perfectamente que cayó Evo por el fraude electoral y por el hartazgo de la población hacia su gobierno. A pesar de éxitos innegables a lo largo de los últimos 13 años, en una elección fraudulenta, el 53 por ciento del electorado votó contra Evo, es decir la misma proporción que votó a favor de AMLO. Sabe que el fraude fue detectado, denunciado y comprobado por una misión de observadores y de auditoría libremente consentidas, ambas, por el gobierno de Evo Morales. Sabe que hubo una gigantesca movilización popular, igual o mayor que la de Chile, en un país mucho más pequeño, contra Evo Morales, contra su fraude electoral y contra su intento de perpetuarse en el poder.

Sabe también el gobierno mexicano que Evo constituía la última figura icónica de la llamada izquierda latinoamericana, o lo que un tiempo se llamó el socialismo del siglo XXI. Lula ya no está preso, afortunadamente, pero no se encuentra en condiciones de liderazgo regional. Los cubanos están otra vez al borde de la miseria o ya se encuentran en ella; la Venezuela de Nicolás Maduro se halla en una situación más desesperada que nunca; la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua no va a ningún lado; y la única forma en que Alberto Fernández en Argentina pueda sacar adelante a su país, es tomando distancias frente a la demagogia latinoamericanista y “anti-neoliberal” del grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo.

Por último, el gobierno de México sabe perfectamente que Evo no pidió asilo, sino que se lo ofreció; que va a tratar de volver a Bolivia desde México utilizando recursos de Morena, de los cubanos, de los venezolanos, y de sus propias cuentas de banco. El gobierno de López Obrador va a polarizar aún más a la sociedad mexicana, habiendo insistido, casi rogado, que Morales aceptara el ofrecimiento mexicano de asilo. Más allá de lo que haya sucedido en Bolivia —golpe de Estado, o no; ruptura del orden constitucional, o no; nuevas elecciones muy pronto, o no— López Obrador y la 4T saben que perdieron un partidario importante, emblemático, en su absurdo proyecto latinoamericanista trasnochado. Por eso, cometen tanto errores como el haber felicitado a Evo por su supuesto triunfo electoral, en compañía únicamente de los dictadores de Cuba y de Venezuela. Por eso no han previsto la ropa sucia que aparezca en La Paz.

The Democratic Candidates Did Nothing To Appeal To Hispanic Voters

Perhaps the most notable feature of the Democratic presidential debate in Houston on Thursday was what the candidates did not say about Latin America, immigration, asylum and border security. This was in stark contrast to the detail with which they addressed health care, education, gun control and the war in Afghanistan. Their silence, half-truths or platitudes on these issues was surprising.

However, the fact that none of the participants repeated the commitment to decriminalize unauthorized entry into the United States is worthy of praise. Unauthorized entry should indeed be decriminalized, but saying so during a campaign against President Trump is akin to political suicide. But none of the candidates touched on any of these other pressing issues in their opening or closing remarks. And it was only in response to the Univision anchor Jorge Ramos’s queries about immigration, asylum and Venezuela that they tepidly clarified their stances.

Julián Castro said of the shootings in El Paso: “Someone drove 10 hours to kill people who look like me and my family.” And yet he was much more cautious about his immigration plan, preferring to center his statements on Dreamers, or DACA, an important but “safe” issue that even President Trump can agree to. His silence on decriminalization was all the more conspicuous, considering he brought up the issue in a debate in June.

Beto O’Rourke touched upon, but without detail — and partly in Spanish — one of the more complicated aspects of immigration: what should be done about people who overstay their visas. Elizabeth Warren supported creating a pathway to citizenship for the 11 million undocumented foreigners in the United States today, but again, without specifics. And former Vice President Biden wavered when asked whether he thought President Barack Obama’s mass deportations had been a mistake or not — granted, a tough question that perhaps he was wise to avoid answering.

On the crucial matter of Mr. Trump’s asylum policies, Mr. Biden and the others all opposed them, but without defining what they would do with the surge in requests since the middle of last year. One candidate suggested it was a crisis of Mr. Trump’s own making. Ms. Warren, Mr. Biden and Mr. Castro all insisted on the need for a massive assistance program for the Northern Triangle countries of Central America, Guatemala, Honduras and El Salvador.

Another issue involving Mexico and Latin America, which the Democratic candidates could have discussed, was the new NAFTA, the United States-Mexico-Canada Agreement. When asked about jobs, trade and American foreign policy, they all referred to China and tariffs, but not Mexico. Only Bernie Sanders voiced his longstanding opposition to NAFTA, without actually taking an explicit stand on its 2.0 version.

Perhaps they were wise to skirt the issue. Their answers could have well cost them votes (and given Mr. Trump ammunition). Mr. Biden and Amy Klobuchar would likely have been forced to support U.S.M.C.A.; Mr. Sanders, Ms. Warren, Kamala Harris might have opposed it, to one extent or another. Ultimately, though, the issue simply did not come up.

Mr. Ramos also made a valiant attempt to bring up the confounding question of Venezuela. Mr. Sanders called President Nicolás Maduro a tyrant and called for democratic elections in Venezuela. Mr. Castro also referred to the Venezuelan leader as a dictator, and demanded temporary protection status for Venezuelan refugees, but this was a brief exchange that did not really touch upon the intractable problem of what American policy should be.

Protesters yelling “We are DACA recipients, our lives are at risk” forced the debate to stop during Mr. Biden’s closing remarks, momentarily bringing their plight into focus. But despite the fact that a few candidates spoke Spanish during the debate, Latino, Mexican and Latin American issues were largely absent from the discussion on race and foreign policy.

This was perhaps to be expected, since these are especially delicate topics that divide Democrats. Nonetheless, their hopes of defeating Mr. Trump in 2020 depend seriously on higher Hispanic turnout than was seen in 2016. Thursday’s debate did nothing to ensure that.

La Otra Recesión

Este es mi último artículo para El Financiero. Envío todo mi agradecimiento a Manuel Arroyo y a Enrique Quintana por su hospitalidad durante casi tres años; agradezco en particular la total libertad que me brindaron para escribir absolutamente todo lo que quise. En vista de ello, creo que tiene sentido comentar un tema de intersección entre la economía y la política; de eso han tratado muchas de las columnas que he propuesto al lector durante este tiempo.

Es difícil prever cuánto durará el aletargamiento de la economía mexicana. Todo sugiere que, para este año entero, el crecimiento apenas superará el 0%, si no es que se produce un pequeño retroceso. Los pronósticos para el año entrante, todavía basados en una expansión “normal” de la economía de Estados Unidos, digamos de entre 1.5 y 2%, oscilan en torno al 1.5% para México. Pero desde hace días, y en realidad casi meses, ronda por los mercados el espectro de una recesión norteamericana. En los hechos, el propio Trump ya la acepta.

Conviene recordar que el comercio internacional representa más de la mitad de la economía mexicana. De ese total, casi el 80% es con Estados Unidos (importaciones más exportaciones); en otras palabras, cerca del 40% de la economía mexicana se vincula directamente con nuestro vecino del norte. Como vimos aquí hace unas semanas, ya no se da de manera tan automática como antes la alineación de ambas economías. Estados Unidos ya no nos arrastra como antes, pero sí nos puede hundir como antes: 2009, 2001, 1997, etc.

De tal suerte que cabe en la fatalidad que cuando la economía nacional se encuentre en vías de recuperación del enfriamiento autoinfligido de este año y la primera mitad del siguiente, nos peguen directamente los latigazos de la recesión estadounidense. Esta puede durar mucho o poco; a estas alturas, como bien lo explica Valeria Moy en Milenio estos días, predecir la fecha de arranque y la duración de una contracción económica es casi imposible. El auge norteamericano ha sido el más largo ya de la historia (o por lo menos desde que hay registro): más de 120 meses consecutivos. La recesión venidera puede también durar un poco más que de costumbre, comience cuando comience.

Esto tiene dos implicaciones, una aquí, otra allá. Si la economía mexicana no crece durante los primeros dos años y medio del sexenio de López Obrador, se antoja difícil una mayoría absoluta de Morena en las elecciones para la Cámara de Diputados en 2021. De unirse de una manera o de otra la oposición –PAN, PRI, PRD, MC– para que haya un solo candidato de facto en los 300 distritos, puede arrebatarle esa mayoría a Morena. Y si se diera la revocación de mandato en diciembre del 2021, al cumplirse tres años en la presidencia de López Obrador, el NO podría ganar. ¿Sueños guajiros? Quizás, pero también son datos duros.

La segunda consecuencia será en Estados Unidos. Trump basa toda su reelección en el buen desempeño de la economía bajo su mando. Sabe que con una recesión en plena campaña, todo el racismo del mundo y toda la belicosidad imaginable contra sus adversarios no bastarán para ganar. Las encuestas son inclementes: una parte importante –17%– de los que aprueban su manejo de la economía no piensa votar por él, incluso ahora. Si se viene abajo el crecimiento, la bolsa y el empleo, los doce puntos de ventaja que hoy le saca Biden en encuestas nacionales –que ciertamente no equivalen a una victoria en el llamado Colegio electoral– se pueden transformar en más de quince. En fin, veremos. Sólo lamento no poder compartir con los lectores la comprobación de mi error, o de mi acierto, al pronosticar una derrota de Trump en 2020.

¿México Será Su Propio Muro?

Aunque las relaciones entre México y Estados Unidos hayan transitado por mil momentos difíciles y contradictorios, algo nuevo parece ocurrir. La clave es la concurrencia de dos gobiernos singulares en la historia de ambos países: el de Donald Trump, a partir de 2017, y el de Andrés Manuel López Obrador, desde 2018. El centro de la novedad es la migración centro y sudamericana, cubana, haitiana y africana.

Ya con Trump en el poder nada fue del todo igual: amenazas y agresiones constantes sobre el muro, sobre México como país de “bad hombres” y sobre la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El desenlace de las tensiones, sin embargo, se pospuso en el tiempo. Fue firmado un nuevo acuerdo comercial, el T-MEC, cuya ratificación quedó en suspenso. El muro y las deportaciones se volvieron parte de la normalidad, y el flujo migratorio centroamericano se mantuvo soterrado en discusiones privadas del más alto nivel. Fueron tiempos complicados, sin duda, pero nada por completo distinto de otros momentos de la historia reciente.

A partir de la llegada al poder de López Obrador el tenor de la relación cambió. Por un lado, quedaron atrás las rispideces mediáticas con Peña Nieto y la prioridad otorgada a los temas comerciales. Por el otro, la migración centroamericana ocupó el lugar central, por lo menos durante todo 2019. El reto no era nuevo, pero adquirió una relevancia y un grado de conflictividad desconocidos desde hace varias décadas.

El problema de lo que los norteamericanos llaman “OTM Migrants” (Other Than Mexican Migrants) viene de lejos. Probablemente arrancó en el sexenio de Miguel de la Madrid cuando las guerras centroamericanas produjeron una corriente caudalosa de refugiados hacia México y hacia Estados Unidos. Guatemaltecos y salvadoreños destacaron por su carácter dual: huían de guerras reales y de una miseria económica igualmente real, potenciada por las guerras. Decenas de miles de refugiados guatemaltecos se instalaron en Chiapas, para después ser reubicados en Campeche. Decenas de miles de salvadoreños llegaron a las grandes ciudades del centro de la República. Muchos preferían permanecer en México; otros, como los protagonistas de la icónica película El Norte, optaron por buscar oportunidades en Estados Unidos. Los hondureños figuraron poco en aquella oleada. A pesar de haber sido convertidos en el “portaviones terrestre” de la guerra estadunidense contra los sandinistas en Nicaragua, los originarios de ese país no iniciaron su éxodo masivo hacia Estados Unidos sino más tarde, debido a catástrofes naturales como el huracán Mitch en 1998.

En los años ochenta y noventa Washington presionó a México reiteradamente para que evitara que los centroamericanos no-nicaragüenses arribaran a sus palmares y sus tierras (como diría Ricardo Palmerín). México accedió sin prodigarse a dichas peticiones mediante distintas fórmulas, por ejemplo, el Grupo Delta. Pero el hecho es que desde la segunda mitad del gobierno de Salinas de Gortari hasta los principios del de Peña Nieto, por 20 años la migración centroamericana a través de México no tuvo un lugar preponderante en la agenda binacional con Estados Unidos.

El nuevo gran diferendo migratorio inicia en julio de 2014, todavía bajo las presidencias de Obama y Peña Nieto. Durante aquel verano decenas de miles de menores centroamericanos no acompañados emprendieron el viaje desde sus países hacia la frontera norte de México, buscando ingresar a Estados Unidos sin papeles, pero en muchos casos con familiares dentro de esa nación. Obama, con una elección de medio periodo inminente, y recordando el daño que el éxodo del Mariel le había hecho a Jimmy Carter en 1980, se apresuró a pedirle ayuda a Peña Nieto. Le cuesta trabajo. Según la versión de un alto funcionario norteamericano de aquella época, Dennis McDonough, el jefe de la Casa Blanca buscó comunicarse varias veces, en vano, con su homólogo mexicano; el presidente mexicano no tomaba la llamada. Finalmente, el embajador de México en Washington, Eduardo Medina Mora, destrabó el asunto y los presidentes hablaron y se entendieron.

Peña Nieto accedió a la petición de Obama: contener el flujo centroamericano, y lanzó el Plan de la Frontera Sur, enviando efectivos de la Policía Federal y del ejército al límite con Guatemala. Rápidamente bajó el número de deportaciones de Estados Unidos a los países del Triángulo Norte, disminuyó el paso de niños sin familiares, y aumentaron, en cambio, las deportaciones desde México a Centroamérica. México ni pidió ni obtuvo nada a cambio. Le hizo el trabajo sucio a Estados Unidos, evitándole a Obama una debacle electoral mayor que la que padeció. Nos salvamos, puede alegarse, de un escenario peor que la alternativa. Con un posible inconveniente. Sin que se pueda determinar de cuántos efectivos consistió el Plan Frontera Sur, su puesta en práctica coincide con el repunte de la violencia en México. ¿Pudo deberse aquel aumento a la dispersión de un aparato de seguridad de por sí insuficiente, obligado a asumir otras tareas y ocupar otros espacios, desprotegiendo lo esencial, la seguridad de la población en su conjunto?

El hecho es que las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos se desplomaron, llegando en mayo de 2017 a menos de 20 mil al mes. Las detenciones y las deportaciones mexicanas crecieron y, con ellas, la extorsión, las violaciones, los abusos y la falta de respeto por los derechos humanos. Gracias a ello durante 2017 y parte de 2018 Trump concentra sus furias antimigratorias contra los mexicanos en Estados Unidos y en el tema del muro.

En el año 2012 Obama alcanzó la cima de las deportaciones desde Estados Unidos, de ahí su apodo del “Deportador-en-Jefe”, pero desde entonces habían caído. A partir de la segunda mitad de 2017, ya con Trump en el gobierno, crecieron de nuevo, pero ahora con un cambio cualitativo. Obama deportaba a personas con antecedentes penales; Trump, indiscriminadamente. Obama deportaba a personas en la línea, o cerca de la frontera, con poco tiempo en Estados Unidos; Trump, a mexicanos en el interior del país, muchos de ellos con raíces en Estados Unidos: familia, empleo, vivienda, crédito, etcétera. La diferencia de dolor, desgaste y miedo sembrado en comunidades enteras es enorme. Pero por múltiples razones las cifras de Trump tardaron en acercarse a las de Obama. A mediados de 2019 no habían llegado a las de 2012.

Una de las explicaciones es el nuevo flujo de migrantes centroamericanos, sobre todo hondureños. A principios de 2018 las cifras de detenciones de centroamericanos en la línea México-EU pasaron de 20 mil al mes en promedio hasta 50 mil mensuales en el segundo semestre. Hay varios motivos del auge. Uno es el recurso al asilo. Diversos activistas de Honduras, El Salvador y Guatemala comprenden que si un migrante solicita asilo en Estados Unidos, y va en compañía de un menor de edad, se eleva la probabilidad de que logre una primera audiencia y espere la segunda en libertad. Conforme se saturan los centros de detención dicha probabilidad crece: no hay espacio para tanta gente.

En segundo lugar, desde tiempo atrás, pero sobre todo a partir de la Semana Santa de 2018, los centroamericanos descubren las virtudes de realizar su éxodo en caravanas. Viajar juntos reduce costos y el peligro de ser asaltados, vejados, asesinados. Proliferan las caravanas; para octubre adquieren dimensiones insólitas. La última con la que debió lidiar el gobierno de Peña Nieto muestra la debilidad del Estado mexicano. No es capaz de, ni está dispuesto a, impedir el paso, reprimir a los migrantes o contener la caravana. Al término de más de un mes de odisea, los migrantes extenuados llegan a Tijuana, miles de kilómetros al norte de sus respectivos países. A la par, el esfuerzo mexicano se debilita: caen las deportaciones de México a Centroamérica en 2016 y 2017, y aumentan poco en 2018, dado el flujo creciente (ver tabla).

En Estados Unidos un Trump ansioso trata de capitalizar las imágenes de la caravana para las elecciones de medio periodo de noviembre. Sin embargo, no logra sacarle provecho. Pasado el momento de mayor histeria, López Obrador toma posesión el 1 de diciembre, con varias caravanas formándose en Honduras y El Salvador. Se produce entonces un cambio en el discurso mexicano; el cambio que provocará la marea migrante subsiguiente y una crisis mayúscula con Estados Unidos.

López Obrador, lo mismo que su secretaria de Gobernación, el titular del Instituto Nacional de Migración, y otros voceros del flamante nuevo gobierno proclaman una política de “brazos abiertos” hacia los “hermanos centroamericanos” que ingresan a México. La nueva retórica se acompaña del anuncio de un nuevo plan —el enésimo— de ayuda a Centroamérica, y de la expedición de visas humanitarias a los extranjeros que entran a territorio mexicano. El número de visas es limitado, pero la noticia se riega como pólvora por toda la región y llega hasta África. La novatada sale muy cara, como por cierto le saldrá al Partido Demócrata si la repite en Estados Unidos en 2020.

Después del ya citado derrumbe inicial de 2105 y 2016 el número de detenciones de personas sin papeles en la frontera entre México y Estados Unidos se eleva por el flujo creciente de centroamericanos solicitando asilo. Hacia mediados de 2018 la cifra crece hasta los 50-60 mil mensuales. Con el anuncio de hospitalidad del nuevo gobierno se disparan los números a niveles desconocidos (ver gráfica).

La nueva política del gobierno de López Obrador descansa en dos premisas falsas. La primera, la más grave, consistió en equiparar, por lo menos tácitamente, a quienes huyen hoy de la violencia y la miseria en los países del Triángulo Norte con los refugiados que abandonaron los mismos países en los años ochenta y noventa del siglo pasado por las guerras centroamericanas. Los segundos buscaban abrigo contra la represión y la guerra. En muchos casos constituían una especie de retaguardia de los grupos insurgentes en El Salvador (FMLN) y sobre todo Guatemala (UNRG). Estos últimos deseaban permanecer lo más cerca posible de la frontera, tanto para recibir a nuevos refugiados como para apoyar a los grupos guerrilleros. No pensaban asentarse en México, ni mucho menos en Estados Unidos. Los migrantes/refugiados de ahora, al contrario, lo último que desean es permanecer en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, o en cualquier ubicación de la República mexicana. Las visas humanitarias las utilizaron para irse de inmediato al norte.

La segunda premisa falsa fue la idea de que el número de recién llegados equivaldría grosso modo al número de visas emitidas. Por desgracia, por cada visa humanitaria —15 mil en total, sostuvo el gobierno mexicano— entraban a México casi cinco extranjeros más. No querían la visa; atendían el llamado —a su buen entender— de que México ofrecía libre tránsito hacia Estados Unidos.

Un académico conocedor del tema como Tonatiuh Guillén del INAMI no podía desconocer estos hechos y antecedentes. Pero fue perdiendo batalla tras batalla, hasta su renuncia a principios de junio. En realidad Guillén, la secretaria de Gobernación y el subsecretario para Derechos Humanos habían sido derrotados desde el 22 de noviembre, antes de su propia toma de posesión.

Ese día, en Houston, se celebró la segunda reunión entre Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores designado de López Obrador, y Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano. Carecemos de una versión mexicana del encuentro. Al parecer el mexicano entró solo a la reunión, sin staff ni tomador de notas, salvo posiblemente su amigo Javier López Casarín. Allí Ebrard aceptó el principio del programa que se denominaría “Remain in Mexico” y accedió a casi todas las peticiones estadunidenses, a diferencia de su predecesor, que por lo menos de labios para afuera se negó siempre a admitir la firma de un acuerdo de Tercer País Seguro con Estados Unidos.1

La aceptación del esquema “Remain in Mexico” fue calificada por Pompeo, según altos funcionarios estadunidenses, como “too good to be true”. El esquema reviste varias características. La principal es que los solicitantes de asilo en Estados Unidos, después de haber pasado por su primera entrevista en la cual reivindicarían un “temor creíble” por su vida, en términos de la Convención sobre Refugiados de la ONU de 1951, esperarían en México el veredicto de la segunda y decisiva. Así, “Remain in Mexico” equivale a un acuerdo de facto de “Tercer País Seguro”, ya que la modificación de las condiciones de las entrevistas iniciales en Estados Unidos y el ritmo de devolución aseguraban que ninguna solicitud de asilo sería aceptada. Se cancelaría el derecho de asilo en Estados Unidos, a pesar de ser parte, desde 1968, de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967.

La espera de la segunda audiencia, debido a la saturación del sistema, pero también a una política deliberada de Customs and Border Protection (CBP), podía prolongarse más de un año. En lugar de encontrarse en Estados Unidos, en libertad, con familiares, lo harían en albergues insalubres, desprovistos de recursos, en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Deberían enfrentar los peligros de algunas de las ciudades más inseguras de México, todo ello con la intención de que desistieran de su sueño de ingresar a Estados Unidos como asilados. Otra característica del programa exigía que CBP sólo atendiera unas 20 solicitudes diarias, de tal suerte que se amontonarían los solicitantes del lado mexicano.

La avalancha fue impresionante. En febrero de 2019 el total de detenidos por Homeland Security alcanzó la cifra de 75 mil; en marzo 109 mil; en abril 123 mil y en mayo 144 mil. En junio, como cada año, por el calor del verano y debido a la nueva política mexicana, descendió a 104 mil. Las autoridades norteamericanas, empezando por su máximo jefe, pusieron el grito en el cielo. En consecuencia, las autoridades mexicanas rápidamente cancelaron la expedición de visas humanitarias. Demasiado tarde. Ya estaban en camino cientos de miles de migrantes del mundo entero hacia Chiapas y la tierra prometida. “Remain in Mexico” no funcionó, porque muy pronto los centroamericanos y cubanos resolvieron ingresar sin papeles y por zonas no acreditadas a Estados Unidos, y entregarse a la Patrulla Fronteriza (BP) para solicitar asilo. Por más que deseaban devolverlos a México de inmediato, sólo podían hacerlo a cuentagotas. Entraban por centenares. El 1 de junio circuló en los medios un video de más de mil solicitantes cruzando por una brecha en Ciudad Juárez/El Paso, siendo detenidos por la BP y CBP. Trump estalló.

Según él, le había advertido ya a López Obrador que el tema era prioritario, y que estaba insatisfecho con los esfuerzos mexicanos. Su primera queja había sido presentada por su yerno, Jared Kushner, durante una cena con López Obrador en la Ciudad de México el 19 de marzo. La segunda fue transmitida en un encuentro de la secretaria de Gobernación con la titular de Homeland Security en Miami el 26 de marzo. En ambas ocasiones, según los informantes norteamericanos, los planteamientos sobre la insuficiencia de los esfuerzos mexicanos fueron extremadamente explícitos, así como sobre la necesidad imperiosa de un mayor empeño, y la propuesta, de nuevo, del Acuerdo de Tercer País Seguro, que México seguía rechazando formalmente, aunque lo había aceptado en los hechos.

Así llegamos en junio a la crisis de los aranceles y la anuencia mexicana de firmar un acuerdo de Tercer País Seguro con Estados Unidos, a cambio del desistimiento por Trump de su amenaza de imponer aranceles de 5% a 25% a las importaciones de Estados Unidos a México.

No por primera vez, pero sí de manera explícita, formal y decisiva, el gobierno mexicano aceptó realizar el trabajo sucio de Estados Unidos en su propia frontera sur. Envió más tropas al límite con Guatemala (seis mil, según el acuerdo); impidió el tránsito por México hacia Estados Unidos; bloqueó la salida de centroamericanos hacia Estados Unidos (con 15 mil guardias nacionales); y decidió recibir a todos los posibles solicitantes de asilo a Estados Unidos en su territorio (de 20 a 30 diarios en enero-mayo de 2019, hasta casi 200 al día a partir de junio). La opinión pública mexicana en un primer momento aplaudió las políticas de refoulement y de cierre de las fronteras, pero vio con malos ojos la subordinación frente a Estados Unidos, sobre todo para un gobierno autodenominado de izquierda.

En los días subsiguientes, pero antes del plazo de 45 días otorgado por Washington a México para reducir en por lo menos 20% el número de llegadas a la frontera del río Bravo y adláteres, Trump y sus colaboradores fueron dibujando los contornos de lo que sería un acuerdo definitivo. No conoceremos hasta después de la publicación de estas notas los detalles del convenio, pero podemos adelantar algunas ideas, agregando que ya Trump le restó importancia al acuerdo al anunciar una acción unilateral odiosa, probablemente ilegal, y desastrosa para México. Se trata de una imposición, aparentemente aceptada por México. A partir del 16 de julio, quienes hayan llegado a Estados Unidos procedentes de un “tercer país” que no sea el suyo, no podrán siquiera solicitar asilo en Estados Unidos. Deberán hacerlo en el país donde se encontraban antes de ingresar a Estados Unidos: básicamente México. Sólo podrán solicitar asilo en Estados Unidos si lo hicieron previamente en ese otro país, y les fue negado. La medida obligará a México a aceptar la devolución (refoulement) de decenas de miles de personas, aunque es muy probable que los tribunales rechacen la medida de Trump. Es una vergüenza, para Estados Unidos, y para México.

Volvamos a los compromisos nuestros. Primero, México hará lo necesario para reducir de manera duradera el número de extranjeros que se acerquen a su frontera norte, para alcanzar la meta del promedio de los “mejores” momentos de la primavera y el verano de 2017, es decir entre 15 mil y 30 mil al mes, incluyendo, desde luego, a mexicanos.

Segundo, México aceptará la devolución del mayor número posible de solicitantes de asilo presentes ya en Estados Unidos —cifra que pueda superar los 100 mil en 2019 y alcanzar niveles superiores más adelante— y que esperarán más o menos indefinidamente sus segundas audiencias en territorio mexicano. Ahí sus solicitudes serán rechazadas en la inmensa mayoría de los casos, confirmando así, de nuevo, la situación de Tercer País Seguro de facto.

Tercero, México impedirá como pueda la salida de extranjeros en la frontera norte hacia Estados Unidos, patrullando la línea de su lado, deteniendo a quienes se aproximen a ella y resguardando a los solicitantes en espera de audiencia en centros de detención y campamentos vigilados de salida restringida.

Por último, México desplegará a sus fuerzas de seguridad en una larga serie de puntos clave en el territorio nacional (chokepoints) donde revisará documentos de todos los transeúntes (por ejemplo, la credencial de elector en los autobuses de línea), incluyendo, de manera inevitable, a mexicanos. Habrá verificación, detención y deportación en las carreteras, La Bestia, los camiones de pasajeros, las balsas del Suchiate, los hoteles, los albergues, las iglesias: en una palabra, en cualquier lugar donde pueda haber extranjeros.

Con suerte, habilidad, cinismo y la pasividad de los medios nacionales y de la oposición, López Obrador podrá tal vez librar la acusación de haber aceptado un acuerdo de Tercer País Seguro. Ya están en marcha las trampas y mentiras para disimularlo. La primera será, si Trump lo acepta, denominar el convenio de otra forma: Primer País de Asilo, por ejemplo. La siguiente seguramente será disfrazar el acuerdo bajo un manto regional: no es sólo con México, sino con varios países. Es poco probable, aunque no imposible, que Brasil, Panamá y Nicaragua se presten a esta farsa y detengan a migrantes/refugiados procedentes de África, Haití y Cuba sin permitirles seguir su camino a México y Estados Unidos. Guatemala estuvo a punto de hacerlo, pero la Corte de Constitucionalidad del país falló que el presidente Jimmy Morales requería de la autorización del Congreso para firmar un acuerdo con Trump, y por ahora ya no sucedió. Las presiones norteamericanas sobre Guatemala serán enormes; habrá que esperar los resultados de las elecciones en ese país para conocer con precisión el desenlace. Por lo pronto, la medida unilateral de Washington afecta directamente a salvadoreños y hondureños que ya no podrán solicitar asilo en Estados Unidos: sólo en México. López Obrador no podrá decir que aceptó un acuerdo regional de Primer País de Asilo. Las consecuencias para los interesados, y para México, serán idénticas.

Finalmente, el gobierno mexicano seguirá insistiendo en su mítico Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, a pesar de que nunca recibirá financiamiento norteamericano, y por tanto será nonato, como todos los esquemas anteriores. Conviene recordar que el primero —el llamado Acuerdo de San José— fue firmado por José López Portillo y Luis Herrera Campins de Venezuela en 1980, y se basaba en un descuento de 30% en el precio del petróleo que pagaban los países centroamericanos y del Caribe. No sobrevivió a la crisis mexicana de 1982, pero fue un buen intento. El segundo partió del llamado Mecanismo de Tuxtla Gutiérrez, creado por Ernesto Zedillo, y que se transmutó en el Plan Puebla Panamá de Vicente Fox. Todos partieron de la evidente necesidad de cooperar con el desarrollo de países menos prósperos que México, que padecía de una manera u otra los efectos del retraso de sus vecinos. Todos fracasaron, o no vieron la luz del día, por la misma razón: falta de financiamiento. No existe razón alguna para suponer que sucederá algo distinto en esta nueva versión.

Por desgracia, las primeras consecuencias para un México aterrado que tomó la decisión de realizar el trabajo sucio de Trump aparecieron de inmediato. Las fotos de agentes de migración mexicanos arrancando a niños de los brazos de sus padres para conducirlos a centros de detención en Tapachula indignaron a algunos. Las de militares mexicanos en Ciudad Juárez cerrando el paso hacia Estados Unidos a una mujer hondureña y sus dos hijas, también. Y la toma del padre salvadoreño ahogado, junto con su hija de dos años abrazándolo, dio la vuelta al mundo. Las imágenes del trabajo sucio han hecho la denuncia de una terrible realidad mucho antes que sesudos análisis o alarmantes informes de Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

Otras implicaciones de la terrible nueva normalidad migratoria entre México y Estados Unidos son las siguientes: México sigue siendo un país expulsor de emigrantes. Los altos funcionarios y epígonos del nuevo gobierno se han entusiasmado tanto, y estudiado tan poco, con la tesis de “net zero”, que olvidan un hecho fundamental. Por varios motivos estadísticos y jurídicos es posible que el flujo indocumentado saliente de México haya disminuido desde la recesión de 2009. Pero sigue siendo enorme, tanto con papeles (cada vez más) como sin ellos: más de 200 mil al año. Ningún país del mundo envía a tanta gente a Estados Unidos, y la tendencia parece incrementarse de nuevo. Los 12 millones de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, con o sin papeles, superan de lejos al número de nacionales de cualquier otro país. Padecen el mal trato, el racismo, la discriminación, las amenazas y las realidades de la deportación, las detenciones arbitrarias y lo que se llama “racial profiling” o preidentificación racial.

Este tema, que forma parte del recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte a propósito de las leyes que crearon la Guardia Nacional, es muy conocido en Estados Unidos. Se trata de la práctica, común entre policías municipales, estatales y algunas agencias federales, de detener, interrogar y verificar los documentos de personas que “parecen” sospechosas, indocumentados, mexicanos, centroamericanos, terroristas musulmanes o árabes. Es ilegal en Estados Unidos, pero igual sucede. La razón de la ilegalidad es parecida a la que existe también en México: no hay una cédula nacional de identidad. A priori ¿cómo saber si un peatón o conductor es “legal” o “ilegal”? Sólo exigiendo papeles que no son de portación obligatoria, de alguien que “parece” extranjero. Eso es lo que ahora se le pide a los pobres integrantes de la Guardia Nacional, que no tienen, ni deben tener, idea alguna de cómo proceder.

¿Quiénes son los no-estadunidenses a quienes afecta el “racial profiling”? De manera aplastante, mexicanos. Con todos estos procedimientos infames emprendidos por el gobierno mexicano en territorio mexicano se socava, si no es que se destruye, el discurso protector de los mexicanos en Estados Unidos. Esto se antoja especialmente grave ante la perspectiva de deportación, anunciada por el gobierno de Trump, de un millón de “ilegales” que ya han recibido órdenes de “final removal”, es decir, que han agotado sus recursos jurídicos. Más de la mitad serán inevitablemente mexicanos. Se puede tratar de un nuevo bluff de Trump… o no. Si le reclamamos a Trump la deportación, nos responderá con toda la razón: “No se hagan tontos; hacemos lo mismo ustedes y nosotros; a cada quien sus deportados”.

En segundo lugar, haber aceptado el ultimátum de Trump entrañó desde el primer día, e implicará a futuro, un grave deterioro del respeto a los derechos humanos en México. Traerá consigo un auge en el precio que pagan y el peligro que enfrentan los migrantes que, a pesar de las amenazas de AMLO y Trump, seguirán abandonando sus países. Detenciones, hacinamientos en centros de detención, violaciones, extorsión: los nuevos integrantes del INAMI y de la GN no tienen por qué ser muy distintos a sus predecesores (muchos de los cuales son y serán los mismos). Es un drama doble: humanitario y de imagen; los dos, demoledores para el país.

En tercer término, corremos el riesgo de jalar demasiado una cobija que sigue sin alcanzar para todos. Esto puede o no haber sucedido en 2015, cuando a la par de la contención migratoria se produjo un aumento de los homicidios dolosos en México que se volvería después dramático, y que dura hasta ahora. Tal vez aquel aumento se debió en parte al despliegue de fuerzas de seguridad en el sur a partir de septiembre u octubre de 2014. Ahora, el gobierno ha enviado más efectivos, a las dos fronteras, con un umbral de homicidios mucho más elevado que el de 2014. Es posible que nos llevemos otro susto por este motivo.

En cuarto lugar, podemos colocarnos del lado equivocado en un diferendo legal dentro de Estados Unidos. La American Civil Liberties Union, con otras organizaciones de derechos humanos, demandó a la administración Trump por el programa “Remain in Mexico”. No existe aún un fallo definitivo, pero la ACLU puede ganar, y Trump puede perder. Nosotros perderíamos también con él, porque con él nos alineamos.

En quinto lugar, finalmente, todo esto puede acarrear la ruptura del viejo axioma según el cual, con la excepción de algunas áreas —la guerra contra el narcotráfico, la política macroeconómica desde 1982, la seguridad de Estados Unidos en México— Washington dejaba que México fuera gobernado por los mexicanos. Con la preeminencia del factor migratorio, cuyo control implica un dominio territorial en toda la República y un despliegue de fuerzas de gran envergadura; con la decisión de López Obrador de evitar a toda costa cualquier conflicto con su vecino; con la debilidad económica del país debido a múltiples causas, entre otras los errores de política económica del gobierno; con lo imprevisible, errático y carente de límites de Trump, es posible que Estados Unidos entre en un proceso de microgestión de la política de seguridad y de control territorial de México.

Es innegable que la postura de AMLO frente a los migrantes —no necesariamente ante Trump— goza de una fuerte popularidad en México. Todos los países del mundo son xenófobos en mayor o menor grado; el nuestro no es excepción. La gente ve bien que se deporte a los centroamericanos, que no se les permita el paso por territorio mexicano; y que se les impida entrar a Estados Unidos si a cambio evitamos un conflicto comercial con Trump. Si ésta fuera la única consideración, no hay duda de que AMLO procedió de la única manera posible. Sin embargo, lo popular no es siempre lo correcto.

La política adoptada por López Obrador frente a la crisis migratoria, comercial y de seguridad con Trump, en buena medida autoinfligida, tiene un antecedente célebre, y un nombre en inglés. Quedar bien a toda costa, evitar un conflicto a cualquier precio, frente a un bully agresivo que se sabe no desistirá de sus agresiones, desde 1938 se llama appeasement (mal traducido como apaciguamiento). Cuenta con un origen: la postura de Neville Chamberlain y de Edouard Daladier en Múnich en 1938 frente a Hitler en torno a la ocupación de los Sudetes. Chamberlain se vanaglorió de su triunfo (“He traído la paz para nuestra época”). Daladier, más cínico y perspicaz, al contemplar la multitud que lo aclamaba cuando aterrizaba en Le Bourget, le confió a su colaborador Aléxis Léger, el poeta Saint-John Perse: “¡Estos pinches tarados!”.

1 Tercer País Seguro: concepto usado como parte de los procedimientos de asilo para transferir la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo de un país de acogida a otro país que es considerado “seguro” (es decir, capaz de proporcionar protección a los solicitantes de asilo y los refugiados). Esta transferencia de responsabilidad está sujeta a ciertos requisitos que se desprenden del derecho internacional, en particular el principio de no devolución. ACNUR https://bit.ly/30R3Zmk.

La Tragedia

Los dos tiroteos o masacres del sábado en El Paso y Dayton, en Estados Unidos, responden a muchos factores que ya han sido expuestos y denunciados desde hace tiempo. Existe un conjunto propio de todos los trágicos y odiosos episodios que se reproducen una y otra vez. Y en el caso de la ciudad texana, se suma un ingrediente nuevo.

The New York Times publica el domingo un largo artículo subrayando lo que ya se ha demostrado, pero que ahora conviene reiterar. La única correlación existente entre masacres de ésta naturaleza y un factor explicativo constante a escala internacional es el número de armas. No hay más locos en Estados Unidos que en otros países; no conforman una sociedad más violenta, medida por asaltos, violaciones, secuestros, etc. Lo que hay son más, muchísimas más, armas en Estados Unidos que en cualquier otro país del mundo. Mientras eso no cambie, o no se impongan controles mucho más rigurosos a su venta, posesión y uso, proseguirán los horrores, y por las mismas razones.

Lo nuevo, lo específico de la tragedia de El Paso, no es sólo que hayan muerto siete mexicanos, y hayan resultado heridos otros siete (las cifras pueden cambiar en estas horas). Recordemos que gracias a la guerra del narco mueren ahora en promedio cien mexicanos todos los días, en México.

Lo verdaderamente nuevo yace en la intención manifiesta del asesino. Quería matar mexicanos, y viajó desde Dallas hasta la ciudad fronteriza porque “allí hay más mexicanos”. No es producto de la casualidad el número de mexicanos abatidos; es el resultado de una acción deliberada y consciente, divulgada en un manifiesto subido a redes sociales poco tiempo antes de la barbarie en Walmart.

Ahora bien, ese acto espantoso y explícitamente reconocido por el asesino, es a su vez producto de otra cosa. Se llama el discurso del odio. Los progresistas, latinos, demócratas, católicos, etc., en Estados Unidos, tienen toda la razón cuando denuncian la responsabilidad de Donald Trump en este crimen. El delirio racista y xenófobo del criminal es una consecuencia del discurso racista y xenófobo de Trump desde hace ya cuatro años, cuando bajando la escalera mecánica de su edificio en Nueva York, acusó a los migrantes mexicanos de ser violadores y narcotraficantes.

No ha cesado desde entonces, incluso la semana pasada, cuando se refirió a los centroamericanos en la frontera, a los negros de Baltimore, o a las legisladoras del “escuadrón” en los términos deplorables que todos conocemos.

En muchos países del mundo el discurso del odio se encuentra prohibido. En Estados Unidos, gracias a la primera enmienda a la constitución de 1787, no es el caso. En México, tampoco. Aquí cada quien puede, y es, tan antisemita, racista o despectivo en público o privado, como se le da su regalada gana. Pero nadie debe llamarse a engaño: el meollo de la tragedia de El Paso reside en el discurso del odio de Trump.

Peña Nieto, Claudia Ruiz Massieu y Luis Videgaray nunca consideraron conveniente responderle al precandidato Trump (para no hacerle el caldo gordo), al candidato Trump (para no meternos entre las patas de los caballos), o al presidente Trump (para no hacer peligrar otros temas de la relación bilateral). Prefirieron permanecer callados. López Obrador y Ebrard, con la excusa absurda de la no intervención y de su absoluto pavor ante Estados Unidos, tampoco han buscado contestar. Ahora nos salen con una bola de tonterías, llegando hasta pedir la extradición de Patrick Crusius, y de hablar de terrorismo antimexicano, pero olvidando el discurso del odio antimexicano y su principal vocero.

Es como si ante un discurso antisemita explícito y vociferante del presidente de Hungría, por ejemplo, y ante la masacre de una decena de judíos en Budapest, el Estado de Israel protestara contra la legislación de armas en Hungría, llamara a “lograr la paz, nada del uso de armas, de fuego, destructivas, amarnos, querernos unos con otros, no odiarnos, hacer a un lado la discordia, buscar siempre la unidad de todos los seres humanos. Abrazos no balazos.” (AMLO, ayer, según Reforma), y divagara con interponer una “denuncia, la primera en su tipo, por terrorismo en contra de nacionales de México en territorio de Estados Unidos.” Pero sin jamás mencionar el discurso anti-semita recurrente del presidente de Hungría. Hasta a Netanyahu lo lincharían en Israel por una actitud semejante.

¿La Socialdemocracia Puede Salvar A La Democracia?

En estos días hay un debate en el interior del Partido Demócrata estadounidense sobre qué tipo de candidato puede derrotar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Un candidato centrista atraerá a los electores republicanos moderados, pero tal vez desmovilice a los demócratas jóvenes, con estudios universitarios y pertenecientes a minorías. Un candidato más emocionante, tal vez más radical, movilizará a los demócratas, pero ahuyentará a los republicanos moderados. Desde la perspectiva de un extranjero, el debate es una señal de un cambio histórico.

Desde la perspectiva de un ciudadano del país que probablemente ha sufrido más por las políticas de Trump, esta discusión interna es señal de un cambio histórico. A largo plazo, el viraje del Partido Demócrata a una identidad más socialdemócrata puede significar algo más que solo derrotar a Donald Trump en 2020. Este es el aspecto más interesante y atractivo de esta campaña presidencial estadounidense. Los recientes debates presidenciales democráticos revelaron que el centro de gravedad del partido se ha desplazado hacia la izquierda: los miembros más liberales parecen cada vez más socialdemócratas y los más moderados, cada vez más liberales.

El movimiento socialdemócrata se originó en Alemania a finales del siglo XIX, con Otto von Bismarck, el primer canciller de ese país. Después proliferó y floreció en Europa occidental como un antídoto contra la violencia de la Revolución rusa, el surgimiento del comunismo totalitario y la destrucción ocasionada por las dos guerras mundiales.

En Europa, y más tarde en América Latina, los gobiernos se enfocaron en la función del Estado para regular las economías de mercado, proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, intentar reducir la pobreza y la desigualdad —en la medida de lo posible— con un modelo capitalista, defender el medioambiente y fortalecer los sindicatos, los partidos de los trabajadores y las instituciones progresistas.

Estados Unidos no siguió esa corriente, en gran parte porque no enfrentó los mismos desafíos. El modelo de libre mercado estadounidense —más desregulado, en el que cada quien actúa en aras de sus intereses— funcionó durante años sin partidos laboristas ni sindicatos fuertes, con una intermediación reducida y distante del Estado en el mercado y la sociedad, y con la exclusión de sectores importantes de los habitantes de esa sociedad.

El Nuevo Trato de Franklin Delano Roosevelt puede considerarse una respuesta semisocialdemócrata a la Gran Depresión; pero no perduró. Hasta la elección de Ronald Reagan en 1980, el crecimiento constante de la economía de Estados Unidos mantuvo la desigualdad a niveles bajos y la clase media prosperó. Los estadounidenses podían darse el lujo de tener un Estado benefactor más pequeño y menos costoso debido a su clase media rica. Después de la década de los ochenta, eso comenzó a cambiar.

Europa ha logrado controlar la desigualdad mucho mejor que Estados Unidos. Los sistemas fiscales redistribuyen el ingreso entre todos los países e incluyen beneficios generosos como seguridad social, servicios médicos y prestaciones por desempleo. Hoy, después de cuatro décadas de aumento de la riqueza y la polarización del ingreso, de mayor tensión racial y desafíos internos cada vez más grandes, un sector del electorado estadounidense por fin está buscando implementar lo que los europeos construyeron a lo largo del medio siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones que hicieron posible que Estados Unidos funcionara sin un Estado de bienestar extenso, generoso y costoso pero muy popular han ido desapareciendo poco a poco.

Paradójicamente, es posible que el auge de la socialdemocracia en Estados Unidos evite que muera en Europa. A excepción de España, los partidos socialdemócratas están perdiendo impulso en el Viejo Continente. Los experimentos socialistas moderados en Brasil y Chilehan perdido terreno al sur del río Bravo, en tanto que a la versión mexicana no le está yendo bien.

La esperanza de que la socialdemocracia por fin llegue a Estados Unidos se deriva de posturas que están adoptando los contendientes que buscan la candidatura del Partido Demócrata. Por primera vez desde Roosevelt y el Nuevo Trato, los candidatos demócratas están proponiendo políticas enfocadas en reducir la desigualdad, ayudar a los pobres, impulsar a los jóvenes, proteger a los ancianos y considerar los problemas de raza en un contexto distinto. De hecho, ideas que en 2016 se consideraban radicales o extremas, ahora se han vuelto parte de la conversación de la corriente dominante.

Los servicios médicos universales o Medicare para todos, ya sea con un pagador único o mediante una opción privada para aquellos que lo prefieran, cuesta muchísimo dinero. Lo mismo puede decirse del cuidado infantil universal y gratuito, así como de la licencia parental para todos, prestaciones fundamentales ahora, cuando como nunca antes hay más padres y madres que trabajan fuera de casa. Casi todos los contendientes demócratas a la candidatura apoyan el aumento al salario mínimo a quince dólares por hora y la educación pública superior gratuita. El financiamiento de estas propuestas requiere medidas típicamente socialdemócratas: elevar los impuestos actuales o crear nuevos.

Es probable que, si un candidato comprometido con muchas de estas ideas resulta electo, no sea capaz de cristalizar estas promesas. Sin embargo, en conjunto, estas propuestas representan un cambio de 180 grados en la política estadounidense. En las elecciones intermedias, los votantes ya eligieron a dos congresistas que se identifican como socialistas. Una encuesta reciente de Fox News reveló que aumentar los impuestos a las personas que ganan más de 10 millones de dólares anuales tiene un amplio apoyo bipartidista. El nuevo pacto verde puede no ser tan aceptado como otras propuestas en muchos sectores del electorado, pero las encuestas demuestran que la mayoría de los posibles electores demócratas lo apoyarían.

Desde la Revolución rusa, el experimento socialdemócrata ha sido el antídoto más eficaz contra el socialismo autoritario: demostró que era posible tener una clase trabajadora próspera. Ahora, la posible llegada de ese mismo experimento a Estados Unidos bien puede ser la mejor respuesta al desafío autoritario y populista que está surgiendo en la derecha, desde Hungría hasta Brasil, desde el Reino Unido hasta Sudáfrica. La mejor respuesta a los innegables aspectos negativos de la globalización, la creciente desigualdad y el miedo al otro es más democracia, más políticas sociales, más igualdad.