Una de las premisas implícitas en la atroz conducta del gobierno de López Obrador con los centroamericanos en la frontera sur (y norte) consiste en sostener que ahora sí podemos maltratar a los migrantes que desean entrar sin papeles a México, porque nosotros ya no somos un país emisor. Los tontos útiles de buena fe (y desde luego para los de mala fe) recurren con frecuencia a la tesis del net zero para adoptar esta posición infame, que permite golpear a mujeres y niños. También les autoriza a repetir incansablemente la idiotez según la cual los hondureños deben respetar las leyes mexicanas, como si millones de mexicanos a lo largo del último siglo hubieran respetado las leyes norteamericanas.
La tesis de la migración neta nula o negativa nació hace unos cinco o seis años en Estados Unidos, ante la supuesta evidencia que las cifras de indocumentados en ese país permanecía estable, o incluso decrecía ligeramente a partir de 2010. Algunos estudiosos estadunidenses la hicieron suya por motivos políticos: parecía más fácil ser partidario de una gran reforma migratoria integral si se argumentaba que ya empezaba a desaparecer el problema: más mexicanos salían de Estados Unidos que aquellos que entraban.
La tesis hacía caso omiso de varios hechos. En primer lugar, las deportaciones masivas de Obama, sobre todo entre 2010 y 2014, con un pico en 2011. Solo un ignorante o un malvado puede considerar que dichas deportaciones constituyen retornos “normales”. Asimismo, cualquier partidario de la tesis citada tendría que explicar porque las remesas han seguido creciendo, alcanzando niveles nunca vistos en 2019. ¿Cómo es que menos mexicanos mandan más dinero? ¿Ganan más? ¿Mandan más? ¿Son envíos del narco? All of the above?
Sobre todo, dicha tesis pasa por alto un dato fundamental de la migración mexicana hacia Estados Unidos del último decenio: el aumento considerable del flujo legal, temporal y circular. Obama comenzó a poner en práctica diversos reglamentos y decretos que permitían darle la vuelta a las restricciones del Congreso para las visas H2A (para trabajo agrícola) y en menor medida H2B (construcción, industria hospitalaria, salud, etc.). Trump siguió con la misma política.
En el ejercicio 2019 (octubre a septiembre) Washington otorgó 260,000 visas H2, un aumento de 13% frente al año anterior; los incrementos en los dos años previos fueron ligeramente superiores. Si sumamos a estos (los más) algunos otras categoría (reunificación familiar permanente, visas H1, E1) son casi 300,000 mexicanos que parten a Estados Unidos cada año. Los H2 van y vienen; son en muchos casos los mismos. Muchos permanecen en Estados Unidos cuando expiran sus permisos. Si por lo menos 100,000 mexicanos al año parten al norte sin papeles —quizás un poco más— encontramos que entre 400,000 y 500,000 compatriotas se desplazan anualmente. ¿Ya no somos un país de emigración? ¿En serio?
Algunos alegarán que justamente estos mexicanos con visas “H” a los que me refiero, son “legales”. Pero lo son, en todo caso, como resultado de décadas de lucha, de opresión, de denuncias desde México y en Estados Unidos, por su maltrato, su deportación, su encarcelamiento. Además, su situación “legal” no obsta para que sean objeto de discriminación, explotación, estafas, extorsiones y demás.
¿A quién demonios se le ocurre pensar que podemos tratar como la guardia nacional ha tratado a los centroamericanos estos últimos días y meses, y al mismo tiempo seguir defendiendo con un mínimo de autoridad moral a los mexicanos en Estados Unidos con papeles o sin ellos? A menos, desde luego, que consideremos que los que se han ido son traidores y que debieran haberse quedado en México. Porque como dice López Obrador, como México no hay dos.
