La Corte Suprema permitió el lunes que el gobierno del presidente Donald Trump implemente una política que vincula el uso de asistencia pública con los méritos para que un inmigrante pueda recibir la residencia permanente.
Cinco jueces votaron a favor y cuatro en contra, y con ello revocaron un fallo de la Corte de Apelaciones del 2do Circuito federal en Nueva York que había mantenido una suspensión a nivel nacional de la política después de que se presentaran demandas en su contra.
Los cuatro jueces liberales de la corte: Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, votaron contra la medida.
Las cortes federales de apelaciones en San Francisco y Richmond, Virginia, habían anulado previamente fallos de juicios contra la política. Un mandato en Illinois sigue vigente, pero sólo aplica a ese estado.
Las demandas proseguirán, pero los inmigrantes que soliciten residencia permanente ahora deben demostrar que no serán una carga para el país.
La nueva política aumenta considerablemente qué factores podrían considerarse para tomar esa determinación y, si se decide que los inmigrantes podrían convertirse en una carga pública en algún momento, les podrían negar la residencia.
Aproximadamente 544.000 personas solicitan permisos de residencia al año. Según el gobierno, 382.000 están en categorías que los harán sujetos a las nuevas revisiones.
Los inmigrantes representan una pequeña parte de quienes reciben asistencia pública, ya que muchos son inelegibles para recibirlos por su estatus inmigratorio.
Ken Cuccinelli, subsecretario interino de Seguridad Nacional, elogió la orden de la corte. “Es muy claro que la Corte Suprema de Estados Unidos está harta de estos requerimientos nacionales de jueces que intentan imponer sus preferencias políticas en lugar de hacer cumplir la ley”, dijo Cuccinelli.
