Estados Unidos está perdiendo una «enorme cantidad de dinero» al negar la ciudadanía y el uso de bancos a inmigrantes que viven en el país ilegalmente, según una nueva investigación.
“Estos inmigrantes han sido un ‘motor no reconocido’ de la economía durante décadas», dijo José Iván Rodríguez Sánchez, investigador académico en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice.
Al limitar las opciones económicas de los inmigrantes, Estados Unidos se está perdiendo un crecimiento adicional en su propia economía, especialmente con una población estadounidense que envejece, señala el análisis.
“Estos residentes participan plenamente en actividades económicas que producen riqueza y contribuyen al bienestar de la sociedad estadounidense. Desempeñan un papel especialmente vital en los sectores de la construcción y la agricultura de la economía estadounidense, así como en las industrias del entretenimiento, las artes, la recreación, el alojamiento y el servicio de alimentos”, señaló.
El investigador dice que los inmigrantes indocumentados también suelen ser dueños de negocios, y casi todos son contribuyentes que pagan impuestos sobre la renta y las ventas a los gobiernos local, estatal y federal.
Gran parte del debate sobre inmigración se centra en los costos de brindar servicios públicos a estas personas e ignora los beneficios que generan, argumenta Rodríguez Sánchez
Rodríguez Sánchez comenta en su estudio que: “Tener acceso al crédito les proporcionaría estabilidad financiera a los indocumentados para promover su propia riqueza y la del país, ya que podrían hacer planes financieros para comprar casas y vehículos o pagar la educación superior de sus hijos”.
Aprovechar estos recursos daría como resultado una mayor expansión de la economía de EEUU e impulsaría el crecimiento económico a mediano y largo plazo.
En 2019, la economía habría ganado alrededor de $ 246 mil millones (lo que representa el 1.15% del PIB de EEUU) y los ingresos fiscales adicionales federales, estatales y locales recaudados habría dado un total de $ 26 mil millones (que representan el 0.77% de los ingresos del gobierno), según la investigación.
«Deportar a los trabajadores indocumentados, que tienden a ser contribuyentes jóvenes y económicamente activos con el potencial de crear nuevos empleos y negocios y generar nuevos productos y tecnología, podría ser contraproducente», agregó.
