El lunes 23 de mayo se esperaba la finalización del Título 42, una política de salud pública utilizada por el gobierno de Donald Trump para facilitar la expulsión de migrantes solicitantes de asilo. Sin embargo, el viernes 20 de mayo, un juez federal del estado de Louisiana decretó que no se realizó el procedimiento correspondiente para rescindir esta política, por lo cual se seguirá aplicando.
La Dra. Dolores París Pombo, investigadora del Departamento de Estudios Culturales y Co-coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), señaló que en Estados Unidos existen inconsistencias entre lo que se anuncia y lo que se aplica, dado que los procesos legislativos se realizan aparte a las decisiones del gobierno.
De acuerdo a cifras de las autoridades estadounidenses, casi dos millones de personas (a finales de marzo de este año) han sido expulsadas a México desde que comenzó a aplicarse el Título 42 en marzo del 2020, comentó la Dra. París Pombo.
Aunado a lo anterior, la especialista puntualizó que sobre el Título 42 diferentes expertos del sector salud han señalado que no es una medida que reduzca el riesgo pandémico o que su aplicación represente un beneficio para la salud pública del país; por lo cual se trata de una política de salud pública que se utiliza con fines de contener la migración.
Para atender a esta población migrante, que se encuentran esperando en la frontera norte de México, se han sumado esfuerzos de asociaciones civiles, religiosas y gobierno, sin embargo, el tamaño del flujo es grande, lo cual presenta diversos retos en cuanto a la gestión, explicó la académica de El Colef.
