Desde finales del siglo XIX se cree que el mar ha subido unos 18 centímetros, siete de ellos son atribuibles a los últimos 20 años. Es decir: el ritmo se está acelerando. Ahora imagínate que tienes un pedazo de casoplón en plena costa de California. Con una marea normal en un día cualquiera en la costa del sur del estado, las olas se deslizan sobre una estrecha franja de arena dorada. A un lado se encuentra la masa de agua más grande del mundo. Al otro, una hilera de casas (entre ellas las tuya) con un valor acumulado de cientos de millones de euros.
¿Estarías preocupado? Pues bien, un proyecto de ley estatal tiene la solución: comprar todas esas viviendas y luego alquilarlas hasta que ya no sean habitables.
El mar contra los precios. El valor de la propiedad sube y baja, pero cuando se trata de bienes raíces costeros la tendencia siempre es la misma: hacia abajo. Dentro de 30 años, se espera que más de 85 mil millones de euros en viviendas estadounidenses estén en riesgo de inundaciones, según la Oficina del Analista Legislativo. A medida que el clima se calienta y los océanos se elevan, esas filas de viviendas se sumergirán, dejando a las comunidades costeras —ricas y pobres— con la tortuosa pregunta de cómo adaptarse. Luchar contra el mar es caro, igual que no hacerlo. Cuando los valores de la propiedad se desploman, también lo hacen los impuestos a la propiedad. Ahora que el valor sigue siendo alto, es el momento perfecto, según el gobierno, para usarlo antes de que desaparezca.
El plan. El estado de California ha propuesto entonces una legislación para otorgar préstamos a los condados que les permitan comprar esas viviendas costeras en peligro de inundaciones. Y luego alquilar esas propiedades, ya sea al propietario original o a otra persona, hasta que la vivienda ya no sea segura para vivir, y usar el dinero obtenido de la renta para pagar el préstamo inicial del estado. Algo así como un Airbnb administrado por la ciudad, donde las ganancias se destinan a asegurarse de que nadie se quede pagando la cuenta cuando el Pacífico venga a cobrar.
¿Qué puede hacer la gente? La población tienen tres opciones para hacer frente a esa amenaza: defender esas propiedades utilizando diques y playas de amortiguación; aprender a vivir con mareas más altas o mudarse a un terreno más alto. La última opción suele ser la que nadie quiere. De hecho, ya se trata de una conversación que muchas poblaciones costeras no quieren tener. ¿Por qué? Por los costes. Del Mar, por ejemplo, una comunidad baja y exclusiva al norte de San Diego, lleva luchando años con el estado sobre el término «retirada gestionada». El estado quiere que la ciudad considere la posibilidad de mudarse de un área particularmente vulnerable. El problema es que el valor de mercado combinado de las casas en esa área es de más de 1.2 mil millones de euros.
Adelantarse al problema. El estado piensa que necesita adelantarse al problema antes de que se convierta en otro pozo de dinero como los incendios forestales. Hemos visto cómo miles de hogares de California se están volviendo inservibles debido al riesgo de incendios forestales a pesar de los costosos y cada vez mayores esfuerzos para combatirlos. Según el Departamento de Bomberos de California, nueve de los 15 incendios más destructivos en la historia del estado han ocurrido en los últimos cinco años y seis de los 20 más grandes desde que se tiene registro han tenido lugar en 2020. El cambio climático no hace excepciones.
¿Puede funcionar? No hay garantía de que los propietarios quieran participar. Y hay cuestiones de equidad. ¿A quién se le daría prioridad para las adquisiciones? ¿Es gastar dinero público la mejor idea? Algunos economistas creen que sí. El valor de una casa en la costa depende en gran medida del sector público. Si una ciudad invierte en la protección de propiedades mediante la construcción de diques les indica a los propietarios que los valores de sus propiedades permanecerán intactos, por lo que continuarán invirtiendo en sus propiedades. Más inversión significa más razones para protegerse en el futuro.
Cuando alquilar es ahorrar. Sin embargo, desde una perspectiva puramente económica, no cuadra del todo: una comunidad paga al principio, paga una y otra vez, y luego se queda con la limpieza y la emergencia de irse. Ese vínculo se puede romper quitando las propiedades de las manos de los propietarios privados y poniéndolas en manos del público, que no tiene interés en afrontar todos esos costes. Las comunidades pueden entonces planificar el abandono de esas propiedades a medida que aumenta el nivel del mar. Así como planificarse ante la bjada de los impuestos a la propiedad y los costes de limpieza asociados con las casas que poco a poco irán desapareciendo bajo el mar.
También en Europa. Y no se trata de un problema exclusivo de la costa californiana de EEUU. En Europa también lo estamos viviendo. Más de la mitad del territorio de los Países Bajos está situado al nivel del mar o por debajo de este y sus construcciones están igual de amenazadas. Así es como se le ocurrió al gobierno la idea de impulsar las famosas casa-bote (viviendas construidas sobre tanques bajo la superficie), un concepto que ya ha evolucionado hacia comunidades flotantes enteras con sus calles, centros comerciales y otros espacios urbanos. Es el problema que nos va a tocar vivir dentro de unos años. Del mar no se salva nadie.
